La Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que el expresidente Donald Trump no puede aplicar una ley del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos sin un debido proceso legal.
La normativa invocada, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, fue promulgada en 1798 en un contexto de conflicto bélico. El gobierno de Trump argumentó que la situación actual permite su uso para expulsar a personas acusadas de representar un riesgo a la seguridad nacional.
La Corte indicó que los migrantes detenidos en Texas no han tenido oportunidad de impugnar sus deportaciones ante los tribunales. Por ello, determinó que no podrán ser deportados mientras el caso se revisa en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
El gobierno estadounidense mantiene actualmente acuerdos de cooperación migratoria con países como El Salvador, donde algunos de los migrantes venezolanos serían trasladados a centros de detención. En varios casos, se les relaciona con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, aunque familiares y representantes legales han negado estas acusaciones.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas deportaciones y los procedimientos empleados para determinar los presuntos vínculos con actividades delictivas.
El caso sigue en revisión judicial y podría marcar un precedente sobre los límites del uso de leyes antiguas en el contexto migratorio contemporáneo.
