En ocho estados denuncian a más mujeres por interrumpir el embarazo que a feminicidas. Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México encabezan esta lista.
En base a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México se abrieron 165 carpetas de investigación por aborto frente a 157 indagaciones de feminicidio. Siguiéndole Nuevo León, con 128 versus 71, y Ciudad de México, donde a pesar que la interrupción del embarazo es legal hasta las 12.6 semanas de gestación, se iniciaron 112 procesos por aborto frente a 71 por feminicidio.
Los defensores de derechos humanos consideran preocupante que se siga condenando a mujeres por esta circunstancia, ya que en México se cometen más de 10 feminicidios diariamente.
La coordinadora de Documentación y Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Melissa Ayala, aseguró que “la persecución del delito de aborto es un reflejo muy importante con ciertas prioridades por parte de los estados, en donde resulta más sencillo criminalizar a una mujer, que realmente capacitar y hacer cambios estructurales para evitar que siga ocurriendo este fenómeno del feminicidio”.
El SESNSP agrupa al aborto con otros delitos que atenten contra la vida y la integridad, aun en las seis entidades donde es legal por voluntad elegida, por lo que es complejo identificar a cuántas mujeres y hombres se les ha denunciado por abortar.
Sin embargo, José Luis Gutiérrez Román, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señala que al menos esta organización no tiene registro de un solo caso, por el contrario, detalló, es común brindar apoyo a las mujeres que por un accidente perdieron el producto de la concepción.
Y como el aborto no es un delito al que se le dé seguimiento, sino que alguien debe denunciarlo, las mujeres son señaladas por el personal de salud, quienes primero se niegan a brindar la atención médica, coincidieron ambos expertos.
“En muchas ocasiones las y los médicos del personal de salud, aún cuando ya existe toda una normativas que determina cómo se debe realizar este procedimiento, este servicio médico, no lo realiza”, explicó la vocera de GIRE.
Gutiérrez Román mencionó que hay casos en los que la mujer no se da cuenta que estaba embarazada hasta que ocurre la emergencia obstétrica, por lo que de igual manera se les llega a acusar de homicidio en razón de parentesco e incluso infanticidio, aun cuando no sea por elección.
Por lo anterior, Ayala García considera que la criminalización es injusta, “porque estamos hablando de un derecho que las mujeres deben tener”.
