La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado al concluir su Asamblea Plenaria CXIX, celebrada del 10 al 14 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, en el que cuestionó la discrepancia entre las estadísticas gubernamentales de reducción delictiva y la experiencia cotidiana de la población.
Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, encabezó el mensaje y señaló que los reportes oficiales de disminución en delitos de alto impacto no coinciden con el incremento de agresiones, intimidaciones y desapariciones reportadas en comunidades afectadas.
El documento destaca que la impunidad persiste como un factor central en la crisis, con comerciantes, transportistas y productores agrícolas denunciando un alza en cobros de piso y amenazas que han derivado en el abandono de hogares por parte de familias enteras. Según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), México registró 26 mil desplazamientos forzados por violencia criminal en 2024, duplicando la cifra del año anterior, con un acumulado de 390 mil personas viviendo fuera de sus hogares a causa de estos eventos al cierre de ese período.
En 2025, el fenómeno se ha extendido, con Chiapas y Sinaloa como entidades principales, donde disputas entre grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y facciones del Cártel de Sinaloa han generado miles de casos adicionales.
El comunicado también aborda el impacto en la juventud, al indicar que la falta de opciones educativas y laborales en regiones controladas por el crimen organizado expone a los jóvenes a reclutamientos forzados o a la participación en actos violentos como medio de subsistencia. Respecto a los migrantes, la CEM reportó que las rutas del sur y norte del país registran secuestros, extorsiones y abusos sistemáticos, con agresiones documentadas incluso contra sacerdotes y voluntarios que brindan apoyo. Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2025 que los migrantes enfrentan robos armados, violencia sexual y extorsiones por parte de grupos criminales y funcionarios.
En contraste con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reportan una disminución del 26% en homicidios dolosos en los primeros meses de 2025, el Episcopado citó incrementos en extorsiones del 20% y desapariciones del 16% en el mismo lapso, según el Observatorio Nacional Ciudadano.
Organizaciones como Causa en Común han documentado anomalías en la clasificación de delitos, como el traslado de homicidios dolosos a culposos, lo que podría subestimar las tasas reales. El gobierno federal, por su parte, atribuye las reducciones a estrategias de inteligencia y despliegues de la Guardia Nacional, aunque reconoció el alza en extorsiones y lanzó una iniciativa específica contra este delito en julio de 2025.
Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general de la CEM, enfatizó la necesidad de colocar a la familia en el centro de las políticas públicas y fortalecer los lazos comunitarios para reconstruir el tejido social. El pronunciamiento concluye con un llamado a la unidad nacional y a la esperanza, evocando el Jubileo 2025-2033 como un período para avanzar hacia un México de paz, en el marco del V Centenario del Acontecimiento Guadalupano en 2031.
