El expresidente de Bolivia, Evo Morales, calificó este martes como una “brutal guerra judicial” las acusaciones en su contra por tráfico agravado, relacionadas con una presunta relación con una menor de edad durante su mandato. Morales se mostró contundente al criticar al gobierno de Luis Arce, asegurando que se están inventando delitos para atacarlo tanto jurídica como políticamente.
A través de un mensaje en la red social X, Morales denunció que el gobierno viola principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. “Me condenan y me atacan jurídicamente, políticamente y mediáticamente”, expresó. Además, el exmandatario reiteró que ha sido víctima de difamaciones constantes.
“Soy víctima del odio desenfrenado del Gobierno”, sostuvo Morales, quien también afirmó que las autoridades han emprendido una “guerra sucia” en su contra para evitar su participación en las elecciones presidenciales de 2025.
La acusación contra Morales surgió el lunes, cuando la Fiscalía de Tarija emitió una orden de captura y alertó a las autoridades migratorias debido a su inasistencia a una citación judicial en el marco de la investigación por una presunta relación sentimental con una menor en 2015. Además, la Fiscalía imputó a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la menor, por el mismo delito.
La Fiscalía aseguró que se solicitó la detención preventiva para los implicados, argumentando que existen riesgos procesales como la fuga y la obstaculización de la justicia. Morales, por su parte, continúa rechazando las acusaciones y reiterando que su único “delito” ha sido lograr un país con una economía más justa durante su presidencia.
La denuncia se originó a partir de un informe de inteligencia de la Policía, que señala que la menor tenía 15 años en 2015 y que de la relación habría nacido una niña en 2016. Según la Fiscalía, Morales, en ese entonces presidente, incurrió en agravantes debido a su posición como servidor público.
El proceso continúa bajo investigación, y se espera que un juez fije la fecha de la audiencia de medidas cautelares para los acusados.
