El gobierno de los Estados Unidos reanudó sus actividades después de 43 días de cierre —la mayor paralización en la historia del país— tras la firma de un proyecto de ley por el presidente Donald Trump. Durante este periodo, se suspendieron servicios federales esenciales, se retrasaron pagos al personal público y se postergaron programas de asistencia alimentaria y transporte aéreo.
Aunque la firma del nuevo presupuesto permitió la reapertura administrativa, los factores que provocaron el cierre —tales como desacuerdos sobre subsidios de salud y poderes presupuestarios del Congreso— siguen sin resolverse. Expertos advierten que la tranquilidad aparente en los mercados podría ocultar riesgos estructurales mayores ligados a la gobernabilidad y la sostenibilidad fiscal.
En ese contexto, los legisladores y analistas coinciden en que el reto principal ahora es restablecer la confianza en la capacidad del Estado para operar sin interrupciones, así como definir mecanismos que eviten una repetición del mismo escenario. El desenlace reciente marca un punto de inflexión, pero no necesariamente un retorno a la estabilidad previa.
