El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Sánchez realizó el anuncio durante su intervención en el Cumbre Mundial de Gobiernos celebrado en Dubái el 3 de febrero de 2026. La medida forma parte de un paquete de cinco iniciativas legislativas y regulatorias que el Ejecutivo presentará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
El Gobierno obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Fuentes oficiales indicaron que esta prohibición se incorporará mediante una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, actualmente en tramitación parlamentaria. Dicha ley ya eleva de 14 a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento al tratamiento de datos personales en redes sociales.
Sánchez señaló que los directores ejecutivos de las plataformas tecnológicas enfrentarán responsabilidad penal si no retiran contenidos ilegales o que inciten al odio. El paquete incluye también la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos que amplifiquen contenidos ilegales de forma deliberada.
Otras medidas anunciadas comprenden la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad para establecer una “Huella de Odio y Polarización”, así como la investigación conjunta con la Fiscalía de posibles infracciones en plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
La iniciativa se alinea con regulaciones similares en países como Australia (prohibición para menores de 16 años) y Francia (prohibición para menores de 15 años en tramitación). Sánchez mencionó la formación de una “Coalición de los Dispuestos Digitales” con otros cinco países europeos para avanzar en regulaciones más estrictas.
El Partido Popular expresó respaldo a la prohibición del acceso a menores de 16 años y recordó propuestas previas en esa línea. La Comisión Europea ha indicado que los Estados miembros no pueden imponer obligaciones adicionales a las grandes plataformas más allá de lo establecido en normativas comunitarias.
