Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados de una investigación coordinada que identificó operaciones irregulares en 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como digitales, en ocho entidades federativas de México. Sinaloa figura entre los estados afectados, junto con Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
La indagatoria, desarrollada durante varios meses por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Gabinete de Seguridad, detectó patrones de transacciones atípicas, incluyendo movimientos millonarios en efectivo que alcanzaron hasta 2,7 millones de dólares en un solo establecimiento. García Harfuch explicó que estos centros registraron transferencias sin justificación a destinos como Estados Unidos, Rumania, Albania, Suiza, Malta, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, lo que generó alertas por posibles vínculos transnacionales.
Entre las irregularidades destacadas se encuentran simulaciones de apuestas para dispersar recursos entre filiales y el uso de plataformas en línea no reguladas. En estos sistemas digitales, se involucraron cuentas de personas con ingresos bajos, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes recibían pagos por transferir fondos a beneficiarios finales, simulando ganancias legítimas de juegos. La Procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, detalló en seis puntos el modus operandi, que incluyó el empleo de criptomonedas y robo de identidades para ocultar el origen ilícito de los recursos, presuntamente ligados a redes de crimen organizado en tres de las empresas investigadas.
Como medida inmediata, la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de los casinos físicos y bloqueó sitios web irregulares, mientras que la UIF congeló cuentas bancarias asociadas y enlistó a los establecimientos como personas morales bloqueadas para mitigar riesgos al sistema financiero. La dependencia anunció la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal. García Harfuch enfatizó que la acción se enmarca en una estrategia nacional de prevención, con colaboración de agencias estadounidenses como FinCEN y OFAC, y en cumplimiento de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Dos de los casinos señalados pertenecen a filiales de Grupo Salinas, como Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca. La empresa emitió un comunicado calificando la pesquisa como “acoso y persecución sistemática del Estado” y afirmó que sus operaciones cumplen con las normativas de prevención de lavado de dinero. No se divulgaron nombres específicos de los establecimientos en Sinaloa, pero las autoridades indicaron que el análisis financiero reveló flujos similares en la entidad, con énfasis en operaciones en efectivo y digitales que facilitaban la reinserción de fondos al sistema económico.
En México, los casinos operan legalmente bajo permisos de la Secretaría de Gobernación, regulados por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que exige vigilancia contra usos ilícitos. La presidenta Sheinbaum anunció modificaciones legislativas para fortalecer la supervisión de plataformas digitales y evitar esquemas de lavado, iniciando una fase de detección temprana con modelos predictivos basados en inteligencia artificial. García Harfuch concluyó que estas medidas buscan cerrar canales para la delincuencia financiera y preservar la integridad del sistema económico.
