Un grupo de oficiales del ejército declaró haber tomado el poder en Guinea-Bissau, en medio de un clima de tensión que precedía a elecciones previstas en ese país. Según los primeros comunicados de los militares, la medida implicó la disolución de ciertos órganos del Estado, aunque no todos los detalles han sido confirmados por fuentes independientes.
Las autoridades internacionales reaccionaron con llamados a la moderación y a la restauración del orden constitucional; algunos gobiernos y organismos extranjeros pidieron que se respeten derechos fundamentales y el proceso de retorno a la democracia. Medios regionales reportaron incertidumbre en la población civil, con reportes de movimientos militares en puntos clave del país y alerta ante posibles represalias.
Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos señalaron que este evento podría agravar la crisis de gobernabilidad y la fragilidad institucional en Guinea-Bissau, afectando la estabilidad regional en África Occidental. Recomendaciones urgentes incluyen monitoreo internacional, apoyo humanitario en caso de desplazamientos y presión diplomática para evitar escaladas de violencia.
