En 21 estados de México, grupos criminales han colocado cámaras de videovigilancia en diferentes lugares como postes, viviendas y comercios, con el objetivo de monitorear las actividades de las autoridades y coordinar sus operaciones.
Estas cámaras, que suelen ser instaladas en lugares de difícil acceso, permiten a los grupos delincuenciales obtener información sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad y reaccionar de manera rápida ante cualquier operación. En algunos casos, las cámaras también son utilizadas para evitar que las autoridades detecten ciertas actividades ilícitas, permitiendo una vigilancia constante de los movimientos de la policía y otras fuerzas del orden.
A pesar de la dificultad para localizar estos dispositivos, las autoridades mexicanas, incluyendo el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, han logrado desactivar más de 6,600 cámaras de narcovigilancia desde 2024 hasta principios de 2025.
Estos equipos son mayormente cámaras PTZ (pan-tilt-zoom) inalámbricas y cámaras fijas, que pueden ser adquiridas a través de internet.
Las autoridades han realizado operativos en diferentes estados, y en lugares como Culiacán, Guanajuato, San Luis Potosí, y otros, se han retirado miles de estos dispositivos. Sin embargo, debido a la tecnología avanzada y la capacidad de los grupos criminales para ocultar estas cámaras, la detección y desactivación de todas ellas sigue siendo un desafío constante.
El problema se ve agravado por la falta de recursos suficientes para llevar a cabo las tareas de inspección y desactivación de estos equipos en todo el país. Además, en algunos casos, las autoridades locales han mostrado indiferencia o incluso complicidad en permitir que estos dispositivos sigan operando, lo que dificulta aún más el esfuerzo de erradicar el uso de cámaras de narcovigilancia en todo el territorio.
La situación ha generado preocupación sobre la seguridad y la capacidad del gobierno para controlar las actividades de los grupos criminales en ciertas regiones del país.
