El Poder Legislativo de México avaló de manera definitiva el proyecto de reforma constitucional que adiciona causales de nulidad en los procesos electorales locales y federales cuando se compruebe la intervención de agentes externos o la participación de grupos no autorizados por la legislación en la materia.
El dictamen, aprobado por el voto de las fracciones parlamentarias en las cámaras de origen y de revisores, modifica los artículos correspondientes a la validez de los comicios. La nueva normatividad establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contará con la facultad de declarar la invalidez de una elección si se documenta el uso de recursos de procedencia ilícita o la presión directa sobre el electorado por parte de organizaciones civiles, empresariales o fácticas.
Para que la nulidad sea procedente, el texto legal estipula que las violaciones cometidas deben ser determinantes en el resultado de la votación, fijando un parámetro numérico cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar del cómputo sea menor al cinco por ciento. Asimismo, la reforma prevé la imposición de restricciones para que los ciudadanos señalados como responsables de la intervención no puedan participar en los procesos electorales extraordinarios resultantes.
La minuta fue remitida a los congresos de los estados de la República para agotar el procedimiento de validación por parte de la mayoría de las legislaturas locales, requisito necesario para su posterior promulgación en el Diario Oficial de la Federación y su consecuente aplicación en los siguientes periodos de votación.
