Las manifestaciones se extendieron a más de 180 ciudades y pueblos en las 31 provincias del país, con consignas que evolucionaron hacia el derrocamiento del régimen islámico y llamados al regreso de la monarquía Pahlavi.
Hasta el 13 de enero de 2026, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) registró 734 manifestantes muertos, incluidos 12 niños y seis mujeres, como consecuencia de la represión. La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó al menos 1.850 fallecidos y más de 10.700 detenidos. Fuentes como Iran International estimaron que el número de victimas ascienden a miles, con informes de hasta 12.000 muertos en los días posteriores al corte de comunicaciones. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron al menos 28 muertes entre el 31 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026 en ocho provincias, con uso de rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos.
El presidente Masoud Pezeshkian reconoció el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió contra disturbios. La fiscalía general clasificó a los participantes como “enemigos de Dios”, delito que conlleva pena de muerte. El gobierno anunció concentraciones de apoyo al régimen en varias ciudades. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con intervención militar si continuaba la represión masiva y evaluó opciones de ataque aéreo, aunque indicó disposición a negociar.
