El Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades fiscalizadoras iniciaron una investigación sobre los contratos adjudicados de manera continua durante 27 años a la red vinculada a los hermanos Hernández Casillas. La revisión abarca los procesos de licitación, asignación directa y ejecución de servicios prestados al organismo electoral.
De acuerdo con los expedientes de auditoría, las empresas e intermediarios asociados al grupo familiar obtuvieron contrataciones públicas para la provisión de insumos, servicios informáticos y logística institucional. Las autoridades analizan la existencia de posibles conflictos de interés, concentración de proveedores y regularidad en los procedimientos de licitación efectuados desde finales de la década de 1990.
La fiscalización contempla la revisión de los montos facturados, los términos de las licitaciones y el cumplimiento de las normativas de contrataciones públicas del órgano electoral. La investigación se mantiene abierta a la espera del dictamen final de los órganos de control interno y las instancias judiciales competentes.
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