Un grupo de congresistas de Estados Unidos presentó una propuesta en la Cámara de Representantes para poner fin a la aplicación efectiva de la Doctrina Monroe y de prácticas intervencionistas en América Latina, en un contexto de debates sobre la política exterior estadounidense hacia la región. La iniciativa surge tras el resurgimiento de enfoques militares y diplomáticos más agresivos impulsados durante la administración del expresidente Donald Trump.
La Doctrina Monroe, establecida en 1823, fue formulada originalmente para limitar la intervención europea en territorios del Hemisferio Occidental. Sin embargo, a lo largo de su historia se consolidó como un concepto que habilitó intervenciones políticas y militares de Estados Unidos en América Latina, con el argumento de mantener la estabilidad hemisférica. Los legisladores que promueven la iniciativa sostienen que esta doctrina ya no representa las prioridades diplomáticas del siglo XXI ni responde a las necesidades de los pueblos latinoamericanos.
Los congresistas firmantes del documento argumentan que políticas basadas en la Doctrina Monroe han contribuido a episodios de injerencia política, presión económica y operaciones militares que, aseguran, han erosionado la confianza entre Estados Unidos y naciones latinoamericanas. Además, señalan que enfoques recientes, incluidos los propuestos durante la administración Trump, han vuelto a priorizar estrategias de fuerza sobre mecanismos de cooperación multilateral.
La iniciativa busca que el gobierno estadounidense adopte una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación y la no intervención, enfatizando la necesidad de fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y culturales sin la imposición de condiciones o el uso de la fuerza como instrumento de influencia. Los promotores sostienen que este cambio de enfoque podría mejorar la percepción de Estados Unidos en la región y contribuir a soluciones conjuntas de desafíos como migración, desarrollo económico y seguridad fronteriza.
Este planteamiento ha generado reacciones diversas entre analistas y actores políticos. Algunos sectores respaldan la iniciativa como una oportunidad para modernizar la relación con América Latina, mientras que otros plantean que EE. UU. debe mantener mecanismos de presión para salvaguardar intereses estratégicos. El debate sobre la política exterior continúa en el Congreso, en un momento de cambios globales y de reevaluación de alianzas estratégicas en diferentes regiones del mundo.
