La ley seca es una medida regulatoria adoptada por las autoridades municipales, estatales o federales con el objetivo de suspender, de forma temporal, la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esta acción se basa en criterios de seguridad pública, prevención del delito y resguardo del orden social en momentos de concentración masiva de personas o eventos de alto significado colectivo, como procesos electorales, celebraciones patrias o fechas religiosas.
En el caso específico de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el gobierno municipal activó la aplicación de la ley seca como parte de un operativo preventivo durante la Semana Santa. La medida no solo contempla la suspensión parcial del comercio de alcohol en determinados establecimientos, sino que también prohíbe su consumo en la vía pública, especialmente en puntos identificados como sensibles por la alta afluencia de personas.
La restricción es temporal y se implementa desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Durante este periodo, las autoridades locales refuerzan los operativos de vigilancia en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, así como con otras áreas municipales.
El objetivo principal de esta acción es reducir la posibilidad de incidentes relacionados con el consumo de alcohol en contextos donde prevalece la convivencia comunitaria, como las procesiones religiosas, las ferias populares y otras actividades que forman parte de la tradición de la Semana Mayor. Estas celebraciones suelen reunir a familias completas, menores de edad y personas adultas mayores, lo que exige condiciones de seguridad reforzadas.
De acuerdo con el artículo 216 Bis, fracción II, inciso i), del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli 2025, el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos está tipificado como una falta administrativa contra el orden público. La infracción puede ser sancionada con multas de entre 38 y 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que representa un monto aproximado de entre 4,300 y 5,657 pesos. En caso de no cubrir el pago, el infractor puede recibir un arresto de entre 27 y 36 horas.
El gobierno municipal mantiene comunicación constante con representantes eclesiásticos y comités ciudadanos para asegurar una coordinación adecuada que facilite el desarrollo de los eventos religiosos y, al mismo tiempo, garantice la seguridad de los asistentes.
A nivel nacional, la ley seca ha sido objeto de diversas interpretaciones y opiniones. Aunque para algunos representa una restricción excesiva, otros sectores de la población la consideran una medida necesaria para mantener la estabilidad en contextos de alta participación ciudadana. Su aplicación depende del contexto local y suele anunciarse mediante bandos oficiales o comunicados emitidos por los gobiernos correspondientes.
En Cuautitlán Izcalli, la medida se traduce en una acción directa para preservar la tranquilidad, evitar alteraciones al orden y promover un entorno donde la participación comunitaria en actividades religiosas se desarrolle sin riesgos vinculados al consumo de alcohol en espacios públicos. Los operativos continuarán activos mientras persista la movilización social en el municipio.
