El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), respondió a las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) debido al traslado de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reubicación como una medida estratégica para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema aeroportuario.
La controversia surgió tras las acusaciones del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, que señaló un incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 al obligar a las aerolíneas de carga a operar desde el AIFA. Según el DOT, esta decisión generó costos millonarios para las aerolíneas estadounidenses y otorgó ventajas competitivas a las mexicanas, afectando la equidad del mercado aéreo bilateral.
La SICT argumentó que el AIFA está mejor ubicado para vuelos de carga debido a su cercanía a centros de distribución clave en el Estado de México, como los de FedEx y UPS. Datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revelan que el 82% de la carga entre México y Estados Unidos es transportada por aerolíneas exclusivamente cargueras, las cuales han incrementado sus operaciones en el AIFA. Desde febrero de 2023 hasta julio de 2025, el AIFA ha movilizado más de 843 mil toneladas de mercancías, frente a las 250 mil toneladas anuales que manejaba el AICM en 2022.
La dependencia destacó que el traslado ha reducido la saturación del AICM, logrando una disminución del 22% en el tiempo de ocupación en pista, un aumento del 69% en la eficiencia de filtros de seguridad y una reducción del 83% en los tiempos de espera en migración. Además, el AIFA ofrece disponibilidad total de slots sin restricciones horarias, en una infraestructura moderna diseñada para operaciones de carga.
El gobierno mexicano enfatizó que no hay discriminación en el decreto que suspendió los vuelos de carga en el AICM, ya que la medida aplica a todas las aerolíneas, no solo a las estadounidenses. La SICT reiteró su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, y anunció mesas de trabajo con la industria aérea para abordar las preocupaciones de Estados Unidos.
Por su parte, el DOT exige que las aerolíneas mexicanas presenten sus itinerarios de vuelo a Estados Unidos antes del 29 de julio y obtengan autorización previa para vuelos chárter. También propuso retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico, lo que limitaría su coordinación en precios y rutas.
La presidenta Sheinbaum afirmó que México es un país soberano y que las decisiones se tomaron con base en estudios técnicos para evitar riesgos operativos en el AICM. Se espera que el diálogo con las autoridades estadounidenses continúe para evitar restricciones que afecten el comercio y el turismo bilateral.
