Un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México resolvió la situación jurídica de ocho jóvenes detenidos durante los enfrentamientos ocurridos el 15 de noviembre de 2025 en la marcha de la Generación Z, tras una audiencia que se extendió hasta las tres de la madrugada del 19 de noviembre.
La manifestación, convocada a través de redes sociales por miembros de la Generación Z —jóvenes nacidos entre 1997 y 2012—, reunió a miles de participantes en el Zócalo capitalino y otras ciudades del país para demandar medidas contra la violencia e inseguridad. Aunque la mayoría de las actividades transcurrieron sin incidentes, reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicaron choques aislados con elementos policiales, que resultaron en 60 agentes heridos, de los cuales 40 requirieron atención hospitalaria. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió 19 carpetas de investigación por detenciones en flagrancia, con imputaciones iniciales que incluían tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño a la propiedad y resistencia a particulares.
En la audiencia, la FGJCDMX presentó videos y testimonios para sustentar las acusaciones, mientras que la defensa, representada por los abogados Ricardo Colorado y Ricardo Rosales, argumentó irregularidades en las detenciones y la falta de pruebas suficientes.
El juez vinculó a proceso a los ocho imputados, pero determinó medidas diferenciadas: dos jóvenes permanecerán en prisión preventiva justificada por tentativa de homicidio, debido a la gravedad del cargo y el riesgo de fuga identificado. Inicialmente, tres personas enfrentaban esta imputación bajo la carpeta CI-FICUH/CUH-2/UI-3 C/D/02915/11-2025, pero el tercero obtendrá libertad con restricciones, como presentación periódica ante autoridades.
Los restantes seis, acusados de resistencia de particulares —delito considerado no grave—, continuarán el proceso en libertad, sujetos a medidas cautelares que incluyen firmas quincenales y notificación de domicilio fijo. Entre ellos se encuentra Daniela, una joven de 22 años originaria de Guadalajara, cuyo caso generó atención pública tras la difusión de imágenes de sus lesiones. En su salida del reclusorio, relató que un policía la separó del grupo bajo el pretexto de protegerla, pero fue rodeada por granaderos, sufriendo golpes en la cabeza, frente —que requirieron suturas—, tobillo y costillas.
Fuera del Reclusorio Norte, familiares de los detenidos mostraron reacciones mixtas: algunos celebraron las liberaciones, mientras que otros expresaron descontento por las prisiones preventivas, calificándolas de injustas en redes sociales y medios locales. Un grupo de más de 400 abogados voluntarios se ha organizado para ofrecer defensa gratuita, alegando posibles abusos en el procedimiento y detenciones arbitrarias, según reportes de organizaciones como la ACLU México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no se ordenó represión y que las detenciones se basaron en flagrancia, sin fabricación de delitos.
La investigación complementaria iniciará en los próximos días, con una audiencia de seguimiento programada en aproximadamente un mes para evaluar avances. En paralelo, colectivos anunciaron una nueva marcha para el 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el Día de la Revolución Mexicana, para reiterar demandas de seguridad y respeto a los derechos humanos. Hasta el momento, la FGJCDMX reporta 18 adultos vinculados en total por los incidentes, más un menor canalizado a la fiscalía especializada.
