La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la economía mexicana mantiene estabilidad, luego de que S&P Global Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de la deuda soberana de México, así como de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
Durante su conferencia matutina del 14 de mayo, Sheinbaum señaló que confía en la situación económica del país y sostuvo que el gobierno buscará revertir la evaluación emitida por la calificadora.
S&P mantuvo la calificación soberana de México en moneda extranjera en “BBB” y en moneda local en “BBB+”, con lo que el país conserva el grado de inversión. La agencia señaló que la decisión se basa en factores como la estabilidad política y la política monetaria.
No obstante, la firma modificó la perspectiva a negativa debido a riesgos relacionados con la flexibilidad fiscal y una posible desaceleración en el proceso de consolidación fiscal ante un menor crecimiento económico.
La calificadora estimó que la deuda pública neta de México podría aumentar de 49 por ciento del Producto Interno Bruto en 2025 a 54 por ciento para 2029, debido al incremento del déficit y del pago de intereses.
La modificación en la perspectiva soberana también impactó a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, cuya perspectiva fue cambiada a negativa por primera vez en casi cuatro años.
S&P indicó que el respaldo financiero que el gobierno federal mantiene hacia ambas empresas podría influir en las finanzas públicas. En el caso de Pemex, la agencia señaló que entre 2019 y 2025 la empresa recibió alrededor de 69 mil 800 millones de dólares en transferencias gubernamentales.
Respecto a CFE y sus subsidiarias, entre ellas CFE International y CFE Fibra E, la calificadora señaló que su situación financiera está vinculada al Estado mexicano debido a su participación en la transmisión y distribución de energía eléctrica.
Tras el anuncio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que México mantiene el grado de inversión y afirmó que el gobierno continuará con una política económica orientada a mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública.
