La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, vinculada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe actualizado este 17 de diciembre de 2025 en el que detalla la aplicación de normativas internas no publicadas en la Gaceta Oficial para procesar a ciudadanos. El documento señala la existencia de “leyes secretas” que permiten la restricción de derechos fundamentales sin que exista un registro legal de acceso público.
El informe expone que, tras el proceso electoral de 2024, se registró un incremento en las denuncias de desapariciones forzadas de corta y larga duración. De acuerdo con los datos recopilados por los investigadores de la ONU, las fuerzas de seguridad del Estado han realizado detenciones sin órdenes judiciales, trasladando a los individuos a centros de reclusión donde permanecen incomunicados por periodos que oscilan entre días y meses antes de ser presentados ante tribunales con jurisdicción en materia de terrorismo.
La investigación menciona la identificación de patrones de persecución contra actores de la sociedad civil, periodistas y miembros de partidos políticos de oposición. El panel de expertos indicó que los procedimientos judiciales bajo estas normativas secretas limitan el derecho a la defensa, debido a que los abogados privados no logran acceder a los expedientes completos ni a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, siendo sustituidos en diversos casos por defensores públicos.
Por su parte, el gobierno de Venezuela ha rechazado las conclusiones de este informe en ocasiones anteriores, calificando a la Misión como un instrumento de presión política y cuestionando la metodología utilizada por los relatores. No obstante, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mantiene bajo observación la situación en el país bajo el mandato de la Resolución 51/29.
El reporte concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones venezolanas para el restablecimiento del debido proceso y la publicación inmediata de todos los decretos y leyes que actualmente rigen los estados de excepción y las operaciones de seguridad interna.
