Durante los últimos ocho meses, México ha impedido la entrada de 1,752 ciudadanos colombianos, de los cuales 69 fueron señalados por posibles vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Estas medidas se han tomado para fortalecer la seguridad nacional y prevenir la infiltración de grupos delictivos en el país. Las autoridades migratorias han intensificado los controles en puntos estratégicos, especialmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se realizaron la mayoría de las deportaciones.
El secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, explicó que los rechazos y retornos de los ciudadanos colombianos se llevaron a cabo principalmente en el aeropuerto capitalino. Aunque no proporcionó detalles específicos, señaló que las organizaciones criminales buscan reclutar a estos individuos para actividades ilícitas dentro del territorio mexicano. Esta acción refleja un esfuerzo coordinado entre las autoridades de migración y seguridad para identificar y neutralizar riesgos antes de que ingresen al país.
La estrategia de México para frenar el ingreso de personas relacionadas con el crimen organizado subraya la prioridad de proteger la seguridad interna. Los operativos en aeropuertos y fronteras buscan desmantelar redes de reclutamiento que aprovechan la movilidad internacional. Este enfoque refuerza el compromiso del gobierno para combatir el crimen transnacional y mantener la estabilidad en el país frente a las amenazas de cárteles.