De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés) contempla emprender una acción legal en Estados Unidos para obligar a su gobierno a iniciar un caso contra México por violación a las disposiciones de biotecnología del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se ha sumado a la advertencia de la agroindustria de que la acción mexicana causará daños de miles de millones de dólares a los productores estadunidenses y a la vez elevará el precio de la tortilla y otros productos esenciales para los consumidores al sur del río Bravo.
La inconformidad de los grandes productores de maíz estadunidenses es resultado del decreto del gobierno mexicano del 31 de diciembre de 2020.
En él se establece la eliminación gradual del herbicida glifosato y se faculta a las autoridades de bioseguridad a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado en la alimentación, hasta sustituirlo totalmente a más tardar el 31 de enero de 2024, con el fin de proteger la salud de la población y el ambiente.
A raíz de su reciente visita a Washington, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, propuso a Estados Unidos aplazar el decreto de 2024 a 2025.
Kelly, director de políticas públicas de la NCGA, explicó que los granjeros estadunidenses ya están colocando sus órdenes para la compra de semillas para el cultivo del año entrante y que el maíz producido en 2022 y 2023 estará en el mercado poco más allá del plazo límite en que México dice que prohibirá el maíz transgénico.
En respuesta al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se postergará la prohibición hasta 2025, otra fuente de la industria del maíz explicó que los granjeros necesitan certidumbre para tomar decisiones a largo plazo sobre inversiones en sus cultivos.
Con información de RiOaxaca.
