A partir del 20 de enero de 2026, autoridades de tránsito implementarían sanciones económicas para motociclistas que transporten pasajeros, una medida que busca reducir accidentes viales y mejorar la seguridad en las vías, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de motocicletas. La disposición forma parte de una política que se ha empezado a aplicar en algunos municipios y estados del país, con el objetivo de desincentivar prácticas de alto riesgo entre los conductores de motos.
La medida contempla la imposición de multas administrativas a quienes sean sorprendidos llevando pasajeros en motocicletas, lo que actualmente es considerado por algunas autoridades como una infracción por seguridad vial, dado que incrementa la probabilidad de lesiones graves en caso de siniestros. Las multas podrían extenderse también a otros comportamientos asociados, como la falta de equipo de protección adecuado para el pasajero o el exceso de ocupantes.
Organismos de tránsito han argumentado que la decisión responde a estadísticas preliminares que señalan que una proporción significativa de accidentes viales con motocicletas involucra la presencia de un pasajero, con resultados más graves en términos de lesiones y mortalidad. A partir de ello, las autoridades locales han citado que esta medida pretende promover el uso individual, el respeto a las normas de tránsito y la disminución de siniestros viales.
Aunque la regulación ha sido adoptada de manera progresiva, distintos sectores —incluidos agrupaciones de motociclistas— han señalado la necesidad de claridad en la aplicación de la medida, así como campañas de información pública para evitar confusiones y sanciones injustificadas, al tiempo que instan a las autoridades a considerar alternativas de movilidad segura para quienes dependen de motocicletas como medio de transporte.
