En un movimiento que busca blindar a la ciudadanía contra uno de los flagelos que más azota a la sociedad mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó este jueves el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa, impulsada ante la mirada de la presidenta Claudia Sheinbaum y los 32 gobernadores del país, promete armonizar esfuerzos federales y estatales para erradicar este delito que paraliza a familias y empresas.
La extorsión, ese cáncer silencioso que asfixia a la población y a los sectores productivos con amenazas constantes, recibe hoy un golpe de timón. “Somos conscientes de que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión”, declaró García Harfuch con rotundidad, al detallar los pilares de este pacto histórico. Entre las medidas clave destaca la armonización legislativa en todos los estados para que la persecución de la extorsión sea de oficio, eliminando trabas burocráticas que hasta ahora han permitido que los criminales operen con impunidad.
Pero el acuerdo no se queda en palabras: obliga a la creación de áreas especializadas en las fiscalías de cada entidad —o su fortalecimiento donde ya existan— para agilizar investigaciones y juicios. Además, se aprobará un manual nacional que unifique los protocolos de recepción de denuncias, indagatorias y persecución, asegurando que no haya fisuras en la cadena de mando. “Con el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión se dará mayor certidumbre a las víctimas y se consolidará un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes”, enfatizó el titular de la SSPC, subrayando el compromiso de un México unido frente al crimen organizado.
Un eje central de esta estrategia es el refuerzo del número de emergencias 089, la línea dedicada a denuncias anónimas por extorsión. Lanzada hace poco más de un año, ya ha transformado el panorama: ha recibido más de 102 mil 800 llamadas y facilitado la detención de al menos 600 personas vinculadas al delito en 22 estados de la República. “Se buscará el fortalecimiento de la operación del 089”, prometió García Harfuch, reconociendo que esta herramienta ha sido un faro de esperanza para miles de víctimas que, por miedo o desconfianza, optaban por el silencio.
El anuncio, realizado en un salón repleto de autoridades estatales, resuena en un contexto donde la extorsión no solo roba bolsillos, sino que siembra terror en comunidades enteras. Desde transportistas acosados en carreteras hasta pequeños negocios estrangulados por “cobros de piso”, el delito ha escalado como una plaga. Con este acuerdo, México no solo reacciona: anticipa, coordinando recursos para desmantelar redes criminales de raíz.
La pregunta ahora es si los gobernadores, convocados por la mandataria federal, responderán con la misma celeridad. García Harfuch dejó claro que el éxito dependerá de la implementación inmediata. Mientras tanto, para las víctimas, el mensaje es inequívoco: la línea está abierta, la ley se endurece y el Estado, por fin, se pone del lado de quien denuncia. El reloj corre; la extorsión, no esperará.
