Una resolución preliminar del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC señaló a la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, por presuntos actos de intimidación contra trabajadores sindicalizados.
De acuerdo con el documento, la investigación determinó que la empresa habría permitido la intervención de personas armadas para interrumpir reuniones sindicales y amenazar a empleados afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero. El panel concluyó que existió injerencia patronal en la vida sindical y afectaciones al derecho de libre asociación.
La resolución también menciona que los actos de presión tenían como objetivo que los trabajadores abandonaran su afiliación sindical y se integraran a otra organización respaldada por la empresa. El caso fue analizado dentro del mecanismo laboral del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Por su parte, autoridades de Zacatecas informaron que hasta el momento no existían denuncias formales ante la fiscalía estatal relacionadas con la presunta participación del crimen organizado en este conflicto laboral, aunque señalaron que darán seguimiento a la información difundida.
El caso podría derivar en un plan de remediación laboral y, en caso de reincidencia, en medidas comerciales contra la empresa propietaria de la mina, la canadiense Orla Mining.
