El Parlamento italiano aprobó por unanimidad una ley que incorpora el feminicidio como un delito autónomo en el código penal, con una pena de cadena perpetua para los casos motivados por género. La votación ocurrió el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La iniciativa, presentada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, recibió el respaldo de todos los partidos políticos durante una sesión que se extendió hasta la noche. La norma define el feminicidio como el asesinato de mujeres o niñas motivado por odio, discriminación, dominación, control o subyugación debido a su género, o cuando se produce al interrumpir una relación o limitar sus libertades individuales.
El caso de Giulia Cecchettin, una estudiante de 22 años asesinada a puñaladas por su exnovio Filippo Turetta en noviembre de 2023, impulsó el debate legislativo. Turetta recibió cadena perpetua, pero el impacto del crimen generó manifestaciones masivas y la creación de una fundación por parte del padre de la víctima, Gino Cecchettin, enfocada en educación emocional y sexual en escuelas para prevenir la violencia de género.
Según datos de la agencia de estadísticas italiana ISTAT, en 2024 se registraron 116 homicidios de mujeres, de los cuales 106 fueron motivados por género, y 62 cometidos por parejas o exparejas.
Hasta mediados de noviembre de 2025, el colectivo Non Una di Meno reportó 72 casos de feminicidio, con cuatro adicionales posteriores.
Con esta ley, Italia se une a Chipre, Malta y Croacia como los únicos países de la Unión Europea que clasifican el feminicidio como delito específico. La jueza Paola di Nicola, coautora de la norma tras analizar 211 homicidios recientes, indicó que permitirá registrar y estudiar estos crímenes en su contexto de poder y jerarquía, en lugar de atribuirlos a celos o amor no correspondido.
El padre de Cecchettin expresó que la definición del problema facilita el diálogo, aunque su énfasis permanece en la educación obligatoria desde edades tempranas para contrarrestar estereotipos de género y masculinidad tóxica. La fundación que fundó recorre escuelas y universidades para promover el respeto y la gestión emocional.
Sin embargo, la ley enfrenta cuestionamientos. La profesora Valeria Torre de la Universidad de Foggia argumentó que la definición resulta vaga y podría complicar su aplicación judicial, especialmente al probar motivaciones de género en homicidios por parejas. Grupos como Non Una di Meno critican el enfoque en castigos en lugar de prevención, y señalan la ausencia de educación sexual obligatoria en escuelas públicas, donde muchos programas requieren consentimiento parental. La líder opositora Elly Schlein apuntó recortes presupuestarios en guarderías y contratos temporales que afectan la maternidad, agravando desigualdades.
Italia ocupa el puesto 85 en el Índice Global de Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial, con una participación laboral femenina del 41,5% frente al 60% masculino, y una brecha salarial de hasta el 40% en algunos sectores. El gobierno de Meloni ha incrementado fondos para centros antiviolencia y líneas de emergencia, además de aprobar leyes contra el acoso, pero críticos sostienen que se requieren medidas más amplias contra la desigualdad económica y educativa.
Expertos destacan que la efectividad dependerá de su implementación, más allá de la aprobación legislativa. En redes sociales, usuarios compartieron la noticia con apoyo a la norma, aunque algunos recordaron la necesidad de acciones concretas para su aplicación.
