La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el intento de disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal determinó que los hechos constituyeron conspiración para la rebelión, luego de descartar otros cargos planteados inicialmente por la Fiscalía, como rebelión agravada, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Además de la pena privativa de la libertad, se estableció un periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proceso judicial duró aproximadamente ocho meses. El juicio oral concluyó el 21 de noviembre, y la sentencia fue programada para el 27 del mismo mes. Durante el juicio, Castillo cuestionó la imparcialidad de la Sala y, en etapas iniciales, compareció sin defensa privada, por lo que el tribunal le asignó un abogado público. La Sala también rechazó la solicitud de nulidad presentada por su defensa.
La Fiscalía había pedido una condena de 34 años, pero la recalificación del delito redujo la pena final. El caso también involucra a exfuncionarios de su gobierno, como Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes enfrentan procesos paralelos por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre.
Con esta resolución, el Poder Judicial cerró una etapa del proceso abierto tras las acciones impulsadas por Castillo antes de su detención y posterior vacancia por parte del Congreso. La sentencia confirma que el exmandatario deberá cumplir su condena en el centro penitenciario donde permanece desde 2022.
