El periodista Carlos Loret de Mola fue objetivo de espionaje con el software Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo confirmó un análisis técnico realizado por Citizen Lab, organismo especializado de la Universidad de Toronto, que detectó la intervención de su teléfono móvil con el programa de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
La intrusión ocurrió en al menos dos ocasiones, entre 2015 y 2017, cuando Loret de Mola realizaba investigaciones sobre casos de corrupción y abusos de poder vinculados a funcionarios del gobierno federal. La infección se produjo sin que el periodista realizara alguna acción, mediante técnicas de explotación que no requieren interacción del usuario, lo que permitió a los operadores obtener acceso total a su dispositivo, incluyendo comunicaciones, archivos, ubicación y control del micrófono y la cámara en tiempo real.
El software Pegasus fue adquirido por dependencias del Estado mexicano bajo el argumento de combatir amenazas a la seguridad nacional y al crimen organizado. Sin embargo, múltiples investigaciones han documentado su uso para vigilar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y personas sin vínculo alguno con actividades delictivas. En 2017, organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC presentaron evidencia de estos casos ante la opinión pública y ante instancias judiciales.
La confirmación técnica del espionaje contra Loret de Mola se suma a una larga lista de víctimas cuya información fue comprometida sin orden judicial. A pesar de las denuncias, hasta la fecha no existe una resolución judicial ni sanciones penales por el uso indebido de esta herramienta de vigilancia en México. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación desde hace años, pero no ha presentado resultados concluyentes.
En su más reciente columna, el periodista subrayó que este tipo de prácticas afectan no solo a quienes ejercen el periodismo, sino al conjunto de la sociedad, al socavar las garantías constitucionales de privacidad, libertad de expresión y acceso a la información. Reiteró que el espionaje cometido en su contra se realizó desde instancias del Estado, no por grupos criminales ni por particulares.
El caso reactiva el debate sobre el uso de tecnología de vigilancia por parte de gobiernos sin controles democráticos ni mecanismos de rendición de cuentas. A pesar de que el software Pegasus ha sido relacionado con abusos en distintos países, México destaca como el primer caso documentado donde fue utilizado contra periodistas y defensores de derechos humanos a gran escala.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han exigido la prohibición del uso de Pegasus en México, así como la cancelación de contratos con NSO Group y la creación de mecanismos legales que impidan el uso arbitrario de herramientas de vigilancia. En 2022, la empresa fue incluida en una lista negra del gobierno de Estados Unidos por sus prácticas contra derechos humanos.
Durante la actual administración federal también se han documentado nuevos casos de espionaje digital, lo que refuerza la percepción de que estas prácticas persisten más allá de cambios de gobierno. Hasta ahora, ninguna autoridad ha asumido responsabilidad institucional ni se ha comprometido públicamente a esclarecer todos los casos pendientes.
El espionaje a periodistas representa una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a recibir información. La confirmación del caso de Loret de Mola refuerza la necesidad de una investigación autónoma, transparente y con consecuencias legales que eviten la repetición de estas prácticas.
