La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como “Plan B”, avanzó en su proceso legislativo tras obtener el respaldo de al menos 17 congresos estatales, requisito necesario para su validación como reforma constitucional en México.
El proyecto había sido aprobado previamente por el Congreso de la Unión, donde fue avalado en la Cámara de Diputados con mayoría de votos, luego de un proceso de discusión que incluyó reservas y modificaciones al dictamen. Posteriormente, fue enviado a las legislaturas locales para su ratificación, como lo establece el procedimiento constitucional.
La reforma contempla cambios enfocados principalmente en la reducción del gasto público en materia electoral, como la disminución del número de regidores en los ayuntamientos, límites al presupuesto de los congresos estatales y ajustes en las remuneraciones de funcionarios electorales.
Con la aprobación de los congresos locales, el decreto queda en condiciones de ser declarado constitucional y publicado oficialmente, lo que permitirá su entrada en vigor. El proceso ha generado posturas encontradas entre fuerzas políticas, en un contexto de debate sobre el impacto de estos cambios en el sistema electoral del país.
