Los legisladores de Estados Unidos han manifestado su creciente preocupación respecto al impacto que las reformas constitucionales propuestas por el gobierno mexicano podrían tener sobre las empresas estadounidenses que operan en México bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Estas reformas podrían poner en riesgo el acceso de los inversionistas estadounidenses a un entorno regulatorio que sea estable, predecible e imparcial.En una carta dirigida a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR), un grupo influyente de legisladores de la Cámara de Representantes ha instado al gobierno de Estados Unidos a involucrarse de manera activa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el próximo Congreso mexicano. Su objetivo es garantizar que las reformas propuestas no violen las obligaciones establecidas bajo el T-MEC.El documento, liderado por el representante Adrian Smith, presidente del subcomité de Comercio del Comité de Ways & Means, destaca la preocupación creciente sobre cómo los cambios en las leyes mexicanas podrían afectar las inversiones estadounidenses y las relaciones comerciales bilaterales. De los diez legisladores firmantes, nueve pertenecen al Comité de Ways & Means, que juega un papel crucial en la supervisión de la implementación del T-MEC en la Cámara de Representantes.Los legisladores también han expresado inquietudes específicas sobre el impacto potencial de ciertas reformas en sectores clave como la energía, la minería y la agricultura. Entre los temas destacados se encuentran las posibles limitaciones en los métodos de extracción de recursos en el sector energético, la reducción en la exploración de litio, la restricción de permisos eléctricos, así como las limitaciones a las importaciones de maíz genéticamente modificado. Además, se ha mencionado la posible abolición de organismos reguladores autónomos en México.Los cambios propuestos, según los legisladores estadounidenses, no solo podrían perjudicar a las empresas estadounidenses operativas en México, sino también debilitar la competitividad general de América del Norte. Por lo tanto, solicitan una revisión cuidadosa y un diálogo activo para asegurar que las reformas mexicanas no interfieran con los compromisos y estándares del T-MEC.