Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto a siete ministros, ha decidido renunciar a su cargo en un movimiento que marca un hito en la historia judicial del país. Esta dimisión se produce en el contexto de la próxima elección de juzgadores, programada para junio de 2025, a la cual los ministros han optado por no participar. Los ministros que han presentado su renuncia son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.
Este grupo ha manifestado su oposición a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y controversia en el ámbito legal. Por otro lado, las ministras afines a la Cuarta Transformación, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, han expresado su deseo de participar en la elección, lo que podría indicar una fractura en la cohesión del máximo tribunal.
La reforma reciente establece que los ministros de la Suprema Corte que no se postulen o no sean electos en la elección extraordinaria de 2025 no tendrán derecho a un haber por retiro, a menos que presenten su renuncia antes de que cierre la convocatoria. Esta medida ha llevado a algunos ministros, como Margarita Ríos Farjat, a pronunciarse públicamente sobre su preferencia de renunciar antes que aceptar condiciones que consideran indignas.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desmintió la idea de una renuncia masiva, aclarando que los ministros simplemente han decidido no participar en el proceso electoral, y que permanecerán en sus cargos hasta agosto de 2025, con excepción del ministro Luis María Aguilar Morales, cuyo mandato culmina el 30 de noviembre.
Este giro en la Suprema Corte subraya las tensiones políticas y judiciales que han caracterizado a la administración actual, y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de justicia en México. La decisión de estos ministros podría tener repercusiones significativas en la forma en que se llevan a cabo los procesos judiciales y en la independencia del poder judicial.
