Información obtenida a través de documentos militares y fuentes oficiales indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió diversas alertas sobre el perfil de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por presuntos vínculos con actividades delictivas.
Las advertencias se emitieron desde 2019, antes de su nombramiento, y fueron dirigidas tanto al titular del Ejecutivo como al entonces gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. A pesar de los reportes, Bermúdez fue designado responsable de la seguridad estatal, cargo que ocupó hasta inicios de 2025.
En los informes se advierte la supuesta relación de Bermúdez con grupos del crimen organizado, específicamente con redes vinculadas al narcotráfico, extorsión, tráfico de combustible y uso indebido de cuerpos policiales. Las observaciones fueron elaboradas por instancias de inteligencia federal y militar, según revelaciones filtradas por el colectivo Guacamaya Leaks.
Tras conocerse públicamente estas acusaciones, Bermúdez se convirtió en prófugo de la justicia. Autoridades federales emitieron una orden de aprehensión en su contra, así como una ficha roja de la Interpol para su localización. Se reportó su salida del país rumbo a Panamá y posteriormente su posible tránsito hacia otros destinos internacionales.
El caso ha provocado reacciones dentro del partido Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, aseguró que no se encubrirá a ningún actor involucrado y que las investigaciones deben continuar con independencia institucional. Adán Augusto López ha negado tener conocimiento previo de los informes sobre Bermúdez y calificó los señalamientos como parte de un contexto político.
La Fiscalía General de la República y autoridades del estado mantienen abierta la carpeta de investigación. Mientras tanto, legisladores y militantes del partido exigen claridad sobre las decisiones que permitieron la designación de Bermúdez a pesar de los reportes disponibles desde antes de su nombramiento.
Analistas comparan este caso con otras situaciones donde se ha documentado la infiltración de estructuras delictivas en cuerpos de seguridad, lo cual ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y evaluación de perfiles en áreas estratégicas del gobierno.
El seguimiento internacional a través de organismos como Interpol mantiene la presión sobre las autoridades mexicanas para esclarecer el paradero del exfuncionario y determinar responsabilidades dentro del aparato estatal.
