Por: Luis Angel Jimenez Castillo
En México, las personas homosexuales continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación. De acuerdo con el Informe sobre Violencia contra las Personas Homosexuales en México, los abusos verbales y físicos siguen siendo parte de su vida diaria, reproducidos dentro de la familia, en las escuelas y en los espacios públicos. Aunque existen leyes que reconocen sus derechos, la homofobia persiste como una de las formas más comunes de exclusión.
Voces que sobreviven
“El 24 de julio de 2025, a las 10:30 de la mañana, viví un momento que marcó mi vida. Sufrí una agresión física y homofóbica por parte de mis vecinos. Todo comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana. Estaba, como en cualquier día normal, dentro de mi departamento haciendo mis actividades diarias: desayunar, arreglarme, ver la tele, etc. En eso, percibí un olor bastante fuerte a gas, lo cual me pareció extraño, así que salí a revisar que todo estuviera bien.
“Me percaté de que mis vecinos estaban arreglando una fuga de gas. Como siempre, me ofrecí a ayudar porque era algo que nos afectaba a ambos. Al principio no noté nada extraño; de verdad, todo fue tan rápido que hasta yo me saqué de onda. Comenzaron a agredirme verbalmente con insultos como: Puto maricón, qué asco me das, las personas como tú no deberían existir, muérete, maldito joto, entre otros” relato Alejandro N.”
Las víctimas LGBT+ revelan que la violencia homofóbica no se queda en los golpes: deja cicatrices invisibles. Los especialistas denominan este daño como “estrés minoritario”, un estado de alerta constante ante la posibilidad de ser rechazado o agredido. Este tipo de experiencias afecta la autoestima, la calidad del sueño y las relaciones personales, provocando un desgaste emocional que con frecuencia se normaliza.
La mayoría de las agresiones no se denuncian por miedo o desconfianza hacia las autoridades. La Comisión de Derechos Humanos advierte que la violencia simbólica y psicológica impacta gravemente la salud mental de las víctimas, y que muchas optan por el silencio como una forma de protección. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), siete de cada diez personas homosexuales han sufrido insultos o burlas por su orientación sexual. En muchos casos, los agresores son familiares, vecinos o compañeros de trabajo. La homofobia, más que un fenómeno aislado, se arraiga en los espacios más íntimos.
El estudio Salud mental y diversidad sexual en México (UNAM, 2022) muestra que las personas homosexuales y bisexuales presentan un riesgo tres veces mayor de padecer depresión o ansiedad que la población heterosexual. Esta vulnerabilidad está directamente relacionada con el rechazo, la humillación y el miedo que enfrentan desde edades tempranas.
Después de los insultos comenzó la agresión física. En ese momento yo solo sentía las patadas en mi cuerpo, los puños en mi cabeza y mis lágrimas salir de mis ojos, mientras suplicaba que pararan con sus agresiones. No sé cómo pude salir de ahí, pero cuando logré levantarme, corrí a mi departamento y me encerré. Afuera seguían escuchándose los insultos, y me pedían que saliera para “terminar conmigo”.
Así pasaron horas. Le marqué a mis amigos para que me mandaran ayuda, ya que me sentía muy mal física y emocionalmente. “Tenía miedo de abrir la puerta. Soñaba con que me seguían. No quería salir. Sentía que todos me miraban igual que ellos.” Las palabras de Alejandro reflejan el impacto psicológico que deja una agresión homofóbica. Detrás de cada insulto hay un proceso de recuperación lento, una lucha por volver a sentirse seguro.
El rechazo familiar:
Un informe de la organización Yaaj: Transformando tu vida señala que el 64% de los jóvenes LGBT+ ha pensado en abandonar su hogar a causa del rechazo familiar. Para muchos, el entorno más hostil no está en la calle, sino dentro de casa. Cuando el desprecio proviene de los padres o hermanos, se traduce en aislamiento, culpa y, en los casos más graves, pensamientos suicidas. Según el Instituto Mexicano de Psiquiatría, entre 2019 y 2023 los intentos de suicidio entre adolescentes de la diversidad sexual aumentaron un 20%.
Las cifras también muestran que la escuela y el trabajo no siempre son espacios seguros. Seis de cada diez estudiantes homosexuales han sido objeto de burlas o agresiones, y cuatro de cada diez trabajadores afirman haber sufrido hostigamiento o despido injustificado por su orientación sexual. La homofobia se reproduce en las instituciones donde debería garantizarse igualdad y respeto.
A nivel estatal, los avances legales han sido desiguales. Aunque el matrimonio igualitario y la adopción homoparental están reconocidos en todo el país, los mecanismos de atención a víctimas de crímenes de odio siguen siendo limitados. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoce la falta de acompañamiento psicológico y jurídico adecuado, y que el Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ no se aplica de forma uniforme en todos los estados.
Muchos psicólogos y terapeutas coinciden en que la atención psicológica inclusiva sigue siendo una deuda pendiente. A menudo, los profesionales carecen de formación sobre diversidad sexual y reproducen estigmas dentro de la consulta. “Todavía hay pacientes que son tratados como si su orientación fuera una fase o un trastorno”, advierte una especialista en psicología social.
Algunos colectivos han creado espacios de acompañamiento emocional para personas LGBT+ que han sufrido agresiones. Estos talleres y grupos de apoyo buscan reconstruir la confianza, ofrecer contención y abrir conversaciones sobre salud mental. Sin embargo, sus recursos son limitados frente a la magnitud del problema.
La visibilidad mediática también juega un papel importante. En los noticieros, los crímenes por homofobia suelen presentarse con lenguaje amarillista o sin perspectiva de derechos humanos, lo que refuerza estereotipos y minimiza la gravedad de los hechos. Expertos en comunicación advierten que el tratamiento de estos casos en los medios puede influir en la percepción social y contribuir a normalizar el odio.
La impunidad continúa siendo otro factor central. Organizaciones como Amnistía Internacional y Letra S han documentado que los crímenes por orientación sexual rara vez llegan a sentencia. Las denuncias se pierden entre trámites, los expedientes se cierran y las víctimas quedan sin justicia. Esta falta de consecuencias alimenta la repetición de los ataques. Los testimonios de víctimas y activistas coinciden en una misma idea: la homofobia no solo es un problema legal, sino cultural. Combatirla requiere educación emocional, políticas públicas efectivas y una transformación en la forma de ver la diversidad.
“La homofobia no se combate solo con leyes, sino con empatía y educación. Mientras la sociedad no aprenda a ver a las personas homosexuales desde la igualdad y no desde el prejuicio, seguiremos atendiendo heridas que nunca debieron existir.”
La Homofobia viene a veces de la propia familia:
En el municipio de Naucalpan, Roberto N fue víctima de una agresión por parte de su tío la noche del 10 de septiembre. “Venía caminando por la calle, venía de dar una terapia, ya que soy psicólogo. Recuerdo que venía escuchando música. Fue muy sorpresivo y repentino cuando mi tío me golpeó en la cara; todo fue muy rápido, pero logré reconocerlo, mientras me golpeaba, me gritaba ‘puto’, ‘maricón’. Empecé a sangrar de la nariz y de la boca. Al voltearme y reconocer quién era, le pregunté que por qué lo hizo. No pude hacer nada, ya que venía con otras dos personas más.
Lo único que se me ocurrió en el momento fue correr a mi casa y contarles lo que había pasado a mis papás. Tanto ellos como yo estábamos totalmente en shock, ya que no podíamos creer que alguien de mi propia familia me pudiera hacer daño. Al principio, mis papás querían ir a enfrentarlo, pero yo quería justicia, quería que ese hijo de perra pagara por lo que me hizo”.
Desde los días posteriores, comencé a sentir un miedo constante cada vez que salía de mi casa. No podía caminar tranquilo. Escuchaba pasos detrás de mí y pensaba que eran ellos. Me despertaba sudando, con la imagen de mi tío gritándome en la cara.” La psicóloga clínica Adriana Heredia, especialista en trauma y violencia familiar, explica que estas reacciones son comunes en víctimas de agresiones homofóbicas dentro del núcleo familiar, ya que la traición de un pariente genera un impacto emocional más profundo que cuando el agresor es un desconocido.
El ataque contra Roberto no terminó esa noche. Tras la agresión, inició un proceso legal en el que tuvo que acudir a declarar varias veces, presentar certificados médicos y buscar acompañamiento psicológico para sobrellevar la angustia, el miedo y la incertidumbre. Su historia refleja una tendencia nacional alarmante.
De acuerdo con la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. (Informe 2023), cerca del 40% de las agresiones homofóbicas registradas en México ocurren dentro del entorno familiar o vecinal, impulsadas por prejuicios que se transmiten desde la infancia y se refuerzan mediante discursos sociales que deshumanizan a las personas LGBT+. Roberto, tuvo que suspender temporalmente sus consultas. “No podía concentrarme; sentía que mi cuerpo estaba en alerta todo el tiempo. Aunque estuviera en un lugar seguro, mi cabeza no lo entendía.” Este tipo de hipervigilancia está documentado en el Manual de
Atención Psicosocial para Víctimas LGBTI+ de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que señala que quienes sobreviven a violencia basada en prejuicio pueden tardar meses o incluso años en recuperar la sensación de seguridad.
Las secuelas no fueron solo emocionales. Roberto comenzó a evitar pasar por la calle donde ocurrió la agresión, cambió sus horarios y redujo sus actividades diarias. Según el Informe Nacional de Discriminación CNDH–México Diverso (2022), entre el 60% y el 70% de las personas LGBT+ que sufren ataques físicos experimentan cambios drásticos en su vida cotidiana debido al miedo, llegando incluso a abandonar trabajos, estudios o espacios sociales importantes.
A nivel nacional, las cifras muestran que los ataques motivados por prejuicio siguen siendo una realidad transversal. La Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual (ENDOSIG 2019) reporta que siete de cada diez personas homosexuales han recibido insultos, burlas o amenazas debido a su orientación. Estos actos incrementan significativamente el riesgo de desarrollar ansiedad, insomnio, depresión o trastornos de estrés.
Cuando la agresión proviene de la familia, como ocurrió en el caso de Roberto, el impacto psicológico se multiplica. El estudio Salud Mental y Diversidad Sexual en Jóvenes Mexicanos (UNAM, 2022) determinó que jóvenes LGBT+ que enfrentan rechazo familiar tienen tres veces más probabilidades de presentar síntomas depresivos y el doble de probabilidad de intentar suicidarse en comparación con aquellos que cuentan con apoyo familiar.
Roberto recuerda que, durante semanas, el simple sonido de una moto o una voz fuerte le provocaba ataques de pánico. “Yo no sabía qué me estaba pasando. Me temblaban las manos, el corazón se me iba a mil. Era como si aún estuviera ahí, en la calle, recibiendo los golpes.” Estos episodios coinciden con los criterios del trastorno de estrés postraumático, que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2023) es altamente prevalente entre víctimas de crímenes de odio.
Intentar denunciar tampoco significó un respiro. Según el informe “Violencia y Crímenes de Odio por Orientación Sexual” de Amnistía Internacional (2024), la mayoría de las denuncias no avanzan debido a prácticas revictimizantes dentro de las instituciones: incredulidad, burlas, minimización del daño e incluso cuestionamientos sobre la conducta de la víctima.
A nivel nacional, la violencia contra personas LGBT+ continúa siendo una problemática documentada año tras año. De acuerdo con el informe “Violencia LGBT+ en México” de la organización Letra S (2023), se registraron 87 asesinatos por presuntos crímenes de odio tan solo en ese año, siendo uno de los niveles más altos en América Latina. Los estados con mayor incidencia fueron Veracruz, Estado de México y Guerrero. Letra S advierte que estas cifras representan únicamente los casos documentados en medios, por lo que el número real podría ser significativamente mayor, debido a la falta de registros oficiales y a que muchas familias evitan denunciar por miedo al estigma o a represalias.
Uno de los principales problemas es que México no cuenta con un tipo penal uniforme que reconozca explícitamente los crímenes de odio por orientación sexual en todos los estados. Aunque algunas entidades han hecho avances, la mayoría no especifica agravantes por violencia basada en prejuicio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado repetidamente que esta ausencia legal dificulta la tipificación de los delitos y contribuye a que los casos se clasifiquen como homicidios comunes, borrando el componente de odio y reduciendo las posibilidades de acceder a justicia.
La falta de acceso a la justicia no es casual. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en su Informe sobre Discriminación 2022, reportó que solo el 4% de las víctimas LGBT+ que sufren agresiones formales continúan con el proceso completo de denuncia. El abandono de estos procedimientos se debe a la revictimización institucional, la desconfianza en las autoridades y la ausencia de acompañamiento legal especializado. Amnistía Internacional (2024) ha advertido que, en México, el sistema de justicia penal reproduce prejuicios y estigmas que desincentivan las denuncias de violencia
homofóbica.
El impacto psicológico no solo afecta a las personas directamente agredidas, sino a toda la comunidad. La Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM, 2023) señala que las víctimas de agresiones motivadas por prejuicio presentan tasas más altas de ansiedad severa, hipervigilancia, ataques de pánico y trastorno de estrés postraumático. Estas secuelas, además, suelen verse exacerbadas por la falta de redes de apoyo familiar, especialmente en contextos donde la familia es el agresor, como ocurrió en el caso de Roberto. La APM subraya que el rechazo familiar es uno de los factores de riesgo más graves para la salud mental de jóvenes LGBT+ en México.
Frente a esta realidad, diversas organizaciones de la sociedad civil han asumido el papel que deberían cumplir las instituciones públicas. Colectivos como Yaaj México, Casa Frida y Fundación Arcoíris ofrecen refugio temporal, acompañamiento legal, asesoría psicológica y cursos de prevención de violencia. Casa Frida, por ejemplo, reportó en su Balance 2023 que brindó refugio a más de 500 personas LGBT+, muchas de ellas expulsadas de sus hogares o amenazadas por familiares. Sin embargo, estas organizaciones señalan que sus recursos son limitados y que la demanda supera con frecuencia su capacidad de atención.
Los especialistas en derechos humanos coinciden en que la normalización de discursos de odio en redes sociales, medios de comunicación y espacios religiosos también ha contribuido a un clima de hostilidad. La ONU México (2023) alertó que los discursos anti-LGBT+ han aumentado a nivel público, y que este tipo de narrativas facilita que agresores justifiquen o minimicen la violencia. En muchos casos, las víctimas son responsabilizadas por “provocar” las agresiones, perpetuando ideas que obstaculizan su acceso a justicia y reparación.
La educación sigue siendo uno de los pasos pendientes. Aunque México cuenta con legislación para promover la igualdad, su implementación es desigual. La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció en su Diagnóstico Nacional de Educación Sexual (2022) que la mayoría de las escuelas carece de programas formales sobre diversidad sexual y prevención de violencia homofóbica. En consecuencia, estudiantes LGBT+ siguen siendo uno de los grupos con mayor riesgo de acoso escolar, con impactos duraderos en su salud mental, rendimiento académico y permanencia escolar.
Diversos especialistas plantean que la única vía para reducir estos índices es un enfoque integral que combine educación, políticas públicas, justicia efectiva y acompañamiento psicológico. La socióloga mexicana Ana María Suárez, investigadora de la UAM, explica que “la violencia homofóbica no se sostiene únicamente por agresores individuales, sino por estructuras completas que legitiman el odio”. Según Suárez, para transformar esta realidad se requiere una estrategia que desmonte estereotipos desde la infancia, capacite a funcionarios públicos, y garantice mecanismos reales de protección y reparación para las víctimas.
Mientras tanto, la comunidad LGBT+ continúa organizándose para apoyarse mutuamente ante un sistema que aún no garantiza su seguridad. Redes de acompañamiento como “Amigos que Escuchan” o grupos de apoyo psicológico en línea han surgido como espacios donde las personas pueden compartir sus experiencias sin miedo al juicio. Estos espacios se han convertido en una alternativa accesible para quienes no pueden acceder a terapia formal, especialmente en zonas donde aún existe estigma hacia la salud mental.
Aunque casos como el de Roberto no son aislados, cada uno revela fallas estructurales que deben atenderse con urgencia. Las agresiones familiares, la falta de mecanismos legales efectivos y la revictimización institucional continúan siendo obstáculos que perpetúan la violencia. El reto para México no solo implica reconocer la magnitud del problema, sino asumir que la igualdad formal ante la ley no basta: se requiere una transformación cultural profunda que ponga la dignidad humana al centro.
A pesar de los avances legales y del trabajo de diversas organizaciones, la violencia homofóbica en México continúa siendo una deuda pendiente del Estado y de la sociedad. Para muchas personas, como Roberto, la agresión no termina con los golpes: continúa en el miedo, en las instituciones y en el silencio que se les impone. La exigencia, entonces, no es solo justicia, sino memoria, protección y un cambio cultural que permita que ninguna persona tenga que vivir con miedo por ser quien es.
