Un informe reciente sobre el sistema eléctrico nacional reveló que durante 2024 el robo de energía representó aproximadamente el 5% del consumo neto del país, cifra que se traduce en pérdidas económicas considerables para la infraestructura y operación del sector. Este fenómeno, categorizado por las autoridades como “pérdidas no técnicas”, continúa siendo uno de los principales desafíos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que implica una reducción directa en los ingresos y presiona la capacidad de inversión destinada al mantenimiento y ampliación de la red eléctrica. El reporte subraya que estas pérdidas se han mantenido constantes en los últimos años, pese a diversas campañas de regularización y vigilancia implementadas por organismos estatales.
La práctica del robo de electricidad, conocida popularmente como “diablitos” y “changuitos”, consiste en conexiones clandestinas, alteración de medidores o manipulación de instalaciones para obtener energía sin registro de consumo. Autoridades señalan que esta actividad se manifiesta tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales, lo que dificulta su detección y control. La persistencia del problema también tiene efectos colaterales en la calidad del suministro, ya que las conexiones irregulares generan sobrecargas en transformadores y líneas de distribución, aumentando el riesgo de fallas, interrupciones del servicio y daños a la infraestructura. De acuerdo con especialistas del sector, estas alteraciones implican además un costo indirecto para los usuarios regulares, quienes pueden enfrentar ajustes tarifarios o limitaciones presupuestales en servicios públicos.
En respuesta a esta problemática, el gobierno federal y la CFE han anunciado una estrategia de modernización que incluye la instalación de nuevos sistemas de medición, fortalecimiento de redes, incorporación de tecnología para monitoreo remoto y operativos de inspección en regiones con altos índices de pérdidas. Estos esfuerzos buscan reducir la frecuencia de conexiones ilegales y mejorar la capacidad de detección de irregularidades en tiempo real. La empresa señala que la inversión se priorizará en zonas críticas y que se trabajará en coordinación con autoridades locales para garantizar la seguridad del personal encargado de supervisión. Las autoridades consideran que, con una modernización sostenida y mecanismos de control más precisos, será posible disminuir gradualmente el impacto económico que este delito genera para el sistema eléctrico nacional.
