A partir del 1 de septiembre de 2025, la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hará cargo de más de mil 300 casos rezagados, además de asumir sus funciones bajo los lineamientos establecidos en la reciente reforma judicial, que impone un plazo máximo de seis meses para resolver cada asunto conocido.
La estructura operativa del máximo tribunal cambiará significativamente. Las salas serán eliminadas y la totalidad de los asuntos será resuelta por el pleno, el cual estará conformado por nueve integrantes, en lugar de los once que lo componían anteriormente. De los ministros electos el pasado 1 de junio, seis no tienen trayectoria previa en el cargo, por lo que enfrentarán un periodo de adaptación en un entorno con presión institucional.
Datos de la SCJN indican que actualmente la Primera Sala acumula 509 asuntos, la Segunda Sala 111, y el pleno 628, entre acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y recursos. Esta carga será responsabilidad de los nuevos ministros, quienes deberán justificar cualquier retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial para evitar sanciones.
El marco legal vigente establece que si un asunto no es resuelto en el plazo definido, el órgano jurisdiccional deberá informar al Tribunal de Disciplina Judicial y explicar los motivos del retraso. Las posibles sanciones van desde la amonestación hasta la destitución del cargo.
Especialistas en derecho y ciencia política han señalado que la nueva dinámica judicial podría derivar en prácticas repetidas de justificación ante el tribunal disciplinario. Sebastián Godínez, académico de la UNAM, señaló que este rediseño del Poder Judicial busca su alineación con los intereses del partido gobernante. Afirmó también que los perfiles designados para supervisar el cumplimiento de los plazos corresponden a figuras cercanas al oficialismo, lo que, en su opinión, compromete la independencia del órgano de vigilancia.
Francisco Burgoa, constitucionalista de la misma institución, advirtió que el cumplimiento estricto del plazo de seis meses puede generar efectos adversos, como decisiones aceleradas o de menor solidez jurídica. Agregó que la presión institucional puede interferir con la calidad de las resoluciones y que existe el riesgo de que los fallos respondan a criterios políticos antes que jurídicos.
Entre los casos que probablemente serán transferidos a la próxima administración de la Corte, destacan acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma minera, la nacionalización del litio y el uso de bases de datos genéticas. Algunos de estos asuntos ya están programados para discusión, pero otros podrían permanecer pendientes para la siguiente etapa del tribunal.
El nuevo pleno deberá afrontar no solo la carga heredada, sino también las implicaciones de operar en un entorno político e institucional transformado, con exigencias de celeridad y bajo observación constante de su desempeño.