El Senado de la República aprobó durante la madrugada de este 5 de diciembre la nueva Ley General de Aguas, luego de recibir el dictamen enviado por la Cámara de Diputados horas antes. La votación concluyó con 85 sufragios a favor y 36 en contra, tras un debate que se concentró en los alcances de la regulación propuesta y en el procedimiento de análisis en tiempo reducido. Legisladores señalaron que el propósito de la reforma es actualizar el marco jurídico relacionado con la administración del agua, un tema que ha generado interés tanto en organismos públicos como en sectores productivos.
La legislación introduce nuevas disposiciones relacionadas con concesiones, uso productivo y regulaciones sobre la administración del recurso hídrico. Entre los cambios destaca un mayor control federal en la distribución del agua, así como la adopción de esquemas para prevenir abusos en zonas donde existe escasez. La reforma también plantea nuevas responsabilidades para autoridades locales, que deberán justificar el uso de concesiones y reportar información con mayor periodicidad al gobierno federal.
Tras la aprobación, el dictamen fue turnado al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, organizaciones agrícolas y grupos de productores expresaron inquietudes, al considerar que las modificaciones podrían afectar el acceso al agua para actividades rurales. Estos sectores han solicitado mesas técnicas para revisar el impacto de la ley, mientras el gobierno asegura que los cambios buscan ordenar la gestión del recurso sin afectar derechos adquiridos.
