La senadora Cristina Ruiz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una proposición con punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que advierte sobre un incremento en los delitos de extorsión, particularmente en la modalidad conocida como “llamada cruzada” o “secuestro virtual”.
De acuerdo con datos expuestos por la legisladora, entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 4,800 víctimas de este delito en el país, lo que representa un aumento de 82 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ruiz Sandoval indicó que esta cifra es la más alta en los últimos diez años y señaló que se estima que entre el 97 % y el 99.8 % de los casos no son denunciados.
En su intervención, explicó que la modalidad de “extorsión cruzada” consiste en contactar simultáneamente a dos personas con relación cercana, como un menor de edad y su madre, con el fin de generar presión psicológica y obtener recursos económicos. Este tipo de práctica ha sido documentada en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
También mencionó el uso de tecnologías de suplantación numérica, las cuales permiten a los responsables simular llamadas con números telefónicos aparentemente legítimos, así como el aprovechamiento de redes sociales como fuente de información personal. En el caso de la Ciudad de México, indicó que los reportes por este tipo de delitos aumentaron más de 170 % en el primer cuatrimestre del año.
La senadora propuso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional refuercen las estrategias de prevención, inteligencia e investigación relacionadas con este delito. Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales fortalecer los mecanismos de persecución penal y la atención a las personas afectadas.
La proposición incluye también un llamado a las autoridades estatales y municipales, particularmente de las entidades donde se han reportado mayores casos, para que implementen campañas informativas, líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención.
La iniciativa concluye con la propuesta de fortalecer la prevención, la respuesta institucional, la investigación y la educación digital, y fomentar una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y organismos reguladores.
