El gobierno surcoreano ha solicitado una orden judicial para detener al expresidente Yoon Suk Yeol mientras se lleva a cabo una investigación sobre su papel en un decreto de ley marcial emitido a principios de diciembre. La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, en coordinación con las fuerzas de seguridad y autoridades militares, está investigando la breve toma de poder de Yoon, que duró solo unas horas. Los cargos en su contra incluyen insurrección, lo que podría acarrear penas severas, como cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
El lunes, el equipo investigador informó que presentó formalmente la solicitud ante la Corte del Distrito Oeste de Seúl. Yoon ha rechazado presentarse al interrogatorio en tres ocasiones, lo que motivó que las autoridades decidieran pedir su arresto. Se le acusa de abuso de autoridad y de haber liderado una rebelión en su corto mandato.
Yoon fue destituido el 14 de diciembre por el Parlamento y actualmente está suspendido de sus funciones, a la espera de una decisión de la Corte Constitucional que determine si valida o no la destitución. Mientras tanto, tiene prohibido abandonar el país.
La situación comenzó cuando Yoon decretó ley marcial el 3 de diciembre, lo que desató una grave crisis política en Corea del Sur. La situación empeoró la semana pasada cuando su sucesor interino, Han Duck-soo, fue removido por negarse a firmar leyes que permitieran abrir investigaciones en torno a Yoon.
El equipo encargado de la investigación está compuesto por agentes de la policía, personal del Ministerio de Defensa y funcionarios anticorrupción. Según un informe de la fiscalía, Yoon habría autorizado el uso de la fuerza militar para ingresar al Parlamento el día que proclamó la ley marcial, la cual fue anulada pocas horas después de su promulgación por una votación en el Parlamento.
