El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, presentó una nueva iniciativa de regulación digital denominada “Rey Derribo” (“King Takedown”), orientada a establecer un sistema legal que permita a los ciudadanos exigir el retiro de publicaciones en redes sociales de forma rápida y vinculante.
El anuncio se realizó durante un evento en el estado de Florida, en el marco de un acto oficial de gobierno. Trump indicó que el objetivo del plan es crear un mecanismo por el cual cualquier usuario, desde cualquier parte del país, pueda solicitar la eliminación de contenido en plataformas como X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Las empresas estarían obligadas a retirar dicho contenido en un plazo determinado o enfrentar sanciones administrativas.
El proyecto contempla la revisión de marcos legales existentes, incluyendo posibles modificaciones a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta sección actualmente limita la responsabilidad legal de las plataformas por el contenido publicado por terceros. Bajo el plan “Rey Derribo”, se introducirían nuevas condiciones que obligarían a las compañías a actuar ante quejas individuales bajo supervisión federal.
El presidente también propuso la creación de una agencia federal dedicada al monitoreo de plataformas digitales. Esta agencia tendría la facultad de auditar los sistemas de moderación de contenido de las empresas tecnológicas y resolver disputas entre usuarios y plataformas sobre la permanencia o eliminación de publicaciones.
Trump declaró que esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por reformar el entorno digital del país. Señaló que, en su opinión, las redes sociales han adquirido una influencia desproporcionada en la circulación de información y deben operar bajo regulaciones que garanticen transparencia y control ciudadano.
El anuncio ha generado reacciones en distintos sectores. Representantes de organizaciones civiles, grupos académicos, juristas y actores de la industria tecnológica comenzaron a emitir análisis preliminares. Algunos señalaron que la propuesta podría generar conflictos con la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. También se plantearon preguntas sobre la viabilidad operativa de un sistema de remoción de contenido obligatorio gestionado por el gobierno.
Las principales plataformas tecnológicas no han emitido declaraciones oficiales en respuesta al anuncio. Fuentes cercanas a algunas empresas señalaron que están evaluando el impacto potencial del plan en sus políticas internas y en el cumplimiento normativo.
El Congreso de Estados Unidos deberá evaluar en las próximas semanas el contenido formal de la propuesta, una vez que sea presentada como proyecto de ley. Se espera un debate legislativo que incluirá audiencias públicas, revisión de comités y consultas con expertos legales y técnicos.
El gobierno anunció que, durante los próximos días, se publicarán documentos explicativos y borradores iniciales del texto para su discusión pública. Hasta entonces, el alcance técnico y jurídico del plan “Rey Derribo” sigue en proceso de definición.
