La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, con una votación de 6 a 3, que la administración del expresidente Donald Trump puede revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el gobierno del presidente Joe Biden a cerca de 532,000 inmigrantes. El fallo valida la autoridad del Poder Ejecutivo para modificar o eliminar este tipo de programas sin requerir intervención legislativa.
El TPS es un mecanismo creado por el Congreso en 1990 que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias residir temporalmente en Estados Unidos. Bajo esta figura, los beneficiarios pueden vivir y trabajar legalmente en el país por períodos renovables establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los migrantes que podrían verse afectados provienen mayoritariamente de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Sudán y Nepal. La decisión judicial no implica una deportación inmediata, pero abre la puerta para que la administración federal inicie el proceso de cancelación de los permisos otorgados bajo este estatus.
Organizaciones civiles y de derechos migratorios han señalado que el impacto potencial alcanzaría a familias que han vivido en Estados Unidos durante décadas. En algunos casos, los beneficiarios del TPS tienen hijos nacidos en territorio estadounidense, lo que podría generar situaciones legales complejas en términos de residencia y unidad familiar.
Hasta ahora, no se ha dado a conocer un cronograma oficial para la implementación del fallo. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional deberán determinar los siguientes pasos a seguir, incluyendo posibles plazos de transición para los actuales beneficiarios.
El fallo marca un precedente en torno a la interpretación de la autoridad del Poder Ejecutivo sobre programas de protección humanitaria, y se produce en un contexto político donde la migración figura como uno de los temas centrales del debate nacional.
