El plan de deportación masiva de la administración Trump, que hasta ahora había sido conocido principalmente en teoría, comienza a implementarse en la práctica. Su alcance ha sorprendido a varios estadounidenses. Esta semana, la Corte Suprema autorizó temporalmente el esfuerzo de la administración para deportar a personas procedentes de países como Cuba y Venezuela a destinos distintos de sus países de origen, incluyendo naciones en África.
La administración concentra sus acciones en personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo mientras permanecían en el país. El plan consiste en desestimar esas solicitudes de asilo, lo que podría afectar a cientos de miles de personas y convertirlas en sujetos de deportación inmediata.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia federal encargada de administrar los beneficios federales de inmigración, se encuentran en el centro de la campaña de deportación del presidente. Esto se debe a que, además de administrar estos beneficios, también dependen del Departamento de Seguridad Nacional.
El objetivo es difícil de alcanzar. Requiere un trabajo preliminar considerable, y las cifras de arrestos han sido relativamente bajas en comparación con lo esperado. La Casa Blanca planea realizar al menos 3,000 arrestos diarios, una meta que no puede cumplir si solo se persigue a personas con antecedentes penales.
