Diego Soto Montero, un joven de 25 años, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) luego de que en redes sociales circulara un video en el que se muestra a un grupo de personas profanando varias tumbas en el Cementerio General de Santiago. Las imágenes registraron actos que incluyen rayar mausoleos, patinar sobre ellos y la extracción de un cráneo, que posteriormente fue identificado como perteneciente a Ernestina Pérez, una de las primeras médicas de Sudamérica.
Tras la difusión del video, las autoridades iniciaron una investigación que llevó a la PDI a realizar un operativo en el domicilio de Soto, ubicado en la comuna de Recoleta, donde encontraron restos óseos y un skate, elementos vinculados a los hechos registrados. El joven fue localizado en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, donde se encontraba con lesiones autoinfligidas, lo que generó preocupación por su estado de salud mental.
El subcomisario Nicolás Vásquez informó que Soto permanece detenido por orden del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y que se encuentra en proceso la identificación de al menos cinco personas más involucradas en el caso. Las autoridades están evaluando la aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural, que contempla sanciones que pueden llegar hasta los cinco años de prisión para quienes cometan actos de daño o profanación en bienes declarados patrimonio nacional.
La familia del detenido emitió un comunicado público en el que ofreció disculpas por el comportamiento de Soto, mencionando que atravesaba un cuadro depresivo que podría haber influido en sus acciones. Por su parte, la Municipalidad de Recoleta y los familiares de Ernestina Pérez anunciaron que tomarán acciones legales para esclarecer los hechos y exigir las sanciones correspondientes.
El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) calificó lo sucedido como una violación a la dignidad de un espacio solemne y sagrado, y expresó su disposición para colaborar en las labores de reparación y restauración de los daños ocasionados. El Cementerio General, declarado Monumento Nacional desde 2010, alberga las tumbas de numerosas figuras históricas y es considerado un sitio de gran valor patrimonial y cultural para el país.
En los días posteriores a la detención, la investigación se ha ampliado para esclarecer la participación de otros implicados y determinar si existieron más daños a los bienes protegidos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una resolución judicial definitiva, pero las autoridades mantienen abierta la causa y continúan trabajando en conjunto con expertos para evaluar el alcance de los daños y definir las responsabilidades legales.
Este incidente ha generado un amplio debate público sobre el respeto a los sitios históricos y la importancia de preservar el patrimonio cultural nacional, especialmente en espacios como el Cementerio General que representan parte fundamental de la memoria histórica chilena. Las instituciones involucradas han reiterado su compromiso para evitar que hechos similares se repitan y para reforzar la vigilancia en estos lugares.
