El Senado de la República aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, presentada el 27 de noviembre de 2025, con 74 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. La salida se fundamenta en una “causa grave” vinculada a su designación como embajador de México en un país no especificado, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Gertz Manero, de 86 años, asumió el cargo en enero de 2019 por un periodo de nueve años, seleccionado entre una terna enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Su trayectoria incluye posiciones en la Procuraduría General de la República desde 1975, como oficial mayor y coordinador de campañas antinarcóticos, así como titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo entre 1977 y 1982.
Posteriormente, ocupó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de 1998 a 2000 y la federal bajo el gobierno de Vicente Fox.
En su carta de renuncia dirigida a la presidenta del Senado, Gertz Manero indicó que la propuesta presidencial le permite continuar en el servicio público y solicitó el inicio de trámites para su ratificación como diplomático. Antes de dejar el puesto, designó a Ernestina Godoy Ramos, ex fiscal general de la Ciudad de México, como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con lo que asume el despacho interino de la FGR.
Sheinbaum confirmó durante la conferencia matutina del 28 de noviembre que extendió la oferta de embajada a Gertz Manero, quien la aceptó tras casi siete años en el cargo. La mandataria señaló que el anuncio del destino diplomático depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la aceptación del país receptor.
Respecto al relevo, expresó confianza en que el nuevo titular fortalezca la coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía, un órgano autónomo regulado por el artículo 102 constitucional.
Dicho artículo establece requisitos para el cargo: nacionalidad mexicana por nacimiento, al menos 35 años de edad, 10 años de ejercicio profesional en Derecho y ausencia de condenas por delitos dolosos. Ante una ausencia definitiva, el Senado dispone de 20 días para remitir al Ejecutivo una lista de al menos 10 candidatos, aprobada por dos terceras partes de sus miembros. De no cumplirse, la presidenta puede proponer una terna y designar un interino, hasta que el Senado ratifique al definitivo con mayoría calificada.
La Fiscalía General de la República opera como entidad autónoma con patrimonio propio, enfocada en la procuración de justicia federal. El proceso de designación se enmarca en esfuerzos por abordar desafíos en materia de seguridad, según declaraciones oficiales.
