La Secretaría de Gobernación informó que varios líderes de las protestas del 24 de noviembre mantienen carpetas de investigación por obstrucción de vías federales en administraciones anteriores. Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, atribuyó los cierres carreteros a motivaciones políticas vinculadas a partidos como PRI, PAN y PRD, aunque no presentó evidencias específicas.
Los bloqueos involucraron a la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (Antac) y al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcrm), según el subsecretario César Yáñez. Se registraron 29 interrupciones en 17 estados, con 17 cierres totales en carreteras federales, tres casetas de cobro y una aduana. Participaron entre mil y mil quinientas personas, lo que generó afectaciones en movilidad y pérdidas económicas estimadas en miles de millones de pesos.
Los manifestantes no asistieron a la mesa de diálogo convocada para las 13:00 horas del lunes en las oficinas de Bucareli. La dependencia extendió una nueva invitación para las 11:00 horas del martes 25 de noviembre. David Ortiz, vicepresidente de Antac, negó haber recibido una convocatoria formal y acusó a funcionarios de intimidación para disuadir las acciones, mencionando llamadas de un individuo llamado Tonatiuh con amenazas de repercusiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la apertura de nuevas indagatorias contra los participantes y reiteró la existencia de mesas permanentes de trabajo. Presentó datos que indican una reducción en denuncias por delitos en autopistas federales. Sobre la Ley de Aguas, en discusión en el Congreso, señaló que busca priorizar el derecho humano al recurso sobre su uso comercial, y que se han realizado más de 200 reuniones con productores en las últimas tres semanas.
Hacia la mañana del martes, la Guardia Nacional reportó liberaciones parciales en corredores como México-Toluca, México-Puebla y tramos de México-Querétaro tras casi diez horas de protestas. Persistieron cierres totales en puntos como México-Pachuca y accesos a la Ciudad de México. En Guanajuato, el diputado priista Luis Gerardo Sánchez negó haber organizado una manifestación en San Luis de la Paz y afirmó haber asistido por invitación de los afectados.
Los inconformes demandan mayor seguridad vial ante robos y extorsiones, precios justos para el maíz y ajustes a la Ley de Aguas para evitar límites en pozos durante sequías. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció manifestaciones paralelas contra políticas del sector.
