El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inició la operación “Charlotte’s Web” en Charlotte, Carolina del Norte, el 15 de noviembre de 2025, con el despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta el 19 de noviembre, las autoridades reportaron más de 200 detenciones en la ciudad, enfocadas en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales pendientes de ejecución, según un comunicado del DHS. La agencia citó 1.400 órdenes de detención no cumplidas en el estado, atribuidas a políticas locales que limitan la cooperación con agencias federales.
Daniela Andrade, integrante de la Carolina Migrant Network, describió en una entrevista televisiva del 18 de noviembre las condiciones en la región. Indicó que las detenciones ocurren en iglesias, negocios y complejos residenciales, afectando a familias con niños. Andrade enfatizó que los inmigrantes mantienen derechos constitucionales, como permanecer en silencio durante interrogatorios y solicitar un abogado, aunque el gobierno no proporciona representación legal gratuita.
Recomendó llevar documentos de identificación y contactar a familiares para activar el localizador de detenidos en línea del ICE.
Las acciones se extendieron a Raleigh, capital del estado, el 18 de noviembre, donde la alcaldesa Janet Cowell solicitó a las autoridades federales respetar la paz comunitaria. Funcionarios locales, como la alcaldesa de Charlotte Vi Lyles, señalaron que las operaciones generan incertidumbre entre residentes, incluyendo un millón de inmigrantes en Carolina del Norte, de los cuales más de una quinta parte son de origen mexicano. El DHS justificó el enfoque en el estado por su clasificación como “santuario”, que impide retenciones automáticas en cárceles locales.
En paralelo, un operativo conjunto del FBI e ICE en San Antonio, Texas, el 16 de noviembre resultó en la detención de más de 140 inmigrantes, vinculados presuntamente a redes como el Tren de Aragua. Familiares reportaron que varios detenidos eran menores de edad presentes en reuniones sociales en un establecimiento en la avenida San Pedro, aunque las autoridades confirmaron que la acción se basó en una orden judicial para interrumpir actividades ilegales. Los detenidos, originarios de Venezuela, Honduras y México, fueron transferidos a custodia de ICE.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, respaldó la intervención estatal-federal, que incluyó allanamientos por trata de personas y explotación sexual, y anunció que se esperan más acciones similares. Organizaciones como la ACLU han documentado que muchas detenciones involucran delitos menores o personas sin condenas, y han criticado las condiciones en centros de retención, donde los inmigrantes pueden solicitar fianza o libertad condicional mientras resuelven sus casos ante un juez de inmigración.
Estas operaciones forman parte de una serie de redadas federales en ciudades como Los Ángeles y Chicago desde junio de 2025, con el DHS reportando cerca de 400.000 deportaciones en los primeros 250 días de la administración actual, proyectando 600.000 para el primer año.
