Ismael “El Mayo” Zámbada, identificado durante décadas como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y sobornos a funcionarios públicos en México. La audiencia se llevó a cabo en una corte federal de Brooklyn el 25 de agosto de 2025, en presencia de un juez que aceptó la admisión de culpabilidad.
De acuerdo con la acusación, Zámbada aceptó cargos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), legislación utilizada por el gobierno estadounidense para procesar a líderes de estructuras criminales. Entre los delitos reconocidos se encuentran la conducción de una empresa criminal, conspiración para distribuir drogas en territorio estadounidense y el uso de recursos para corromper a autoridades mexicanas.
Durante la audiencia, el exlíder del cártel admitió que, para garantizar la operación de la organización, se realizaron pagos a funcionarios de distintos niveles, incluidos políticos y elementos de corporaciones policiales. Estos sobornos permitieron que las actividades de narcotráfico se mantuvieran sin interferencia significativa de las autoridades mexicanas a lo largo de varios años.
Zámbada también reconoció que su grupo criminal se dedicó a la importación y distribución de grandes volúmenes de droga desde países sudamericanos hasta Estados Unidos. Según la declaración, bajo su mando se introdujeron a territorio estadounidense al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de fentanilo y metanfetaminas. Asimismo, admitió que la organización utilizó rutas marítimas, aéreas y terrestres, apoyada por una red de operadores encargados de transporte, almacenamiento y distribución.
En su comparecencia, Zámbada manifestó que era consciente del impacto que el tráfico de drogas provocó en México y en Estados Unidos, y ofreció disculpas públicas. Afirmó que la operación del cártel incluyó, además de tráfico de drogas, el uso de armas de alto poder y la realización de actividades violentas, como secuestros, amenazas y homicidios, que fueron parte de las acciones de control territorial y protección de cargamentos ilícitos.
El acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense estableció que Zámbada no enfrentará la pena de muerte, a cambio de aceptar los cargos presentados. La sentencia definitiva fue programada para el 13 de enero de 2026. En esa audiencia, el juez impondrá la pena de cadena perpetua y el pago de una multa por incautación de bienes y activos que podría alcanzar hasta 15 mil millones de dólares, cifra que incluye propiedades, cuentas y recursos obtenidos a través de la actividad delictiva.
Uno de los puntos que llamó la atención del acuerdo fue que Zámbada no estará obligado a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en investigaciones adicionales. Esto significa que no testificará en contra de otros integrantes del Cártel de Sinaloa ni de autoridades involucradas en los hechos. La decisión generó debate entre analistas de seguridad, quienes señalaron que el pacto protege información sensible sobre las redes de complicidad que habrían permitido la operación del grupo criminal durante décadas.
Ismael Zámbada es considerado uno de los últimos grandes capos que permanecían en libertad tras la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2017. A diferencia de Guzmán, quien fue sometido a juicio y condenado en 2019, Zámbada había logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades, operando desde la clandestinidad. Su entrega voluntaria y la aceptación de cargos marcan un episodio significativo en la historia del narcotráfico en México y en la relación de cooperación judicial entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Con esta declaración de culpabilidad, se espera que la estructura del Cártel de Sinaloa enfrente un reacomodo interno. Expertos señalan que el liderazgo del grupo ha estado fragmentado desde hace varios años, con facciones controladas por los hijos de Guzmán Loera —conocidos como “Los Chapitos”— y operadores cercanos a Zámbada. La sentencia del Mayo podría consolidar nuevas disputas internas y abrir espacio a otros grupos en la región.
La audiencia de enero de 2026 definirá no solo el futuro judicial de Zámbada, sino también el impacto en la dinámica del narcotráfico transnacional. El caso será seguido de cerca por gobiernos, especialistas y familiares de las víctimas de la violencia generada por la organización criminal.
