El Gobierno de la Ciudad de México ha introducido una modificación significativa en el artículo tercero de la Constitución local, un cambio que ha generado debate y controversia.
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el decreto modifica el inciso A, numeral 2, del artículo tercero, alineándolo con los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Martí Batres, quien explicó que la reforma busca restablecer los términos de la propiedad de acuerdo con la Carta Magna federal. La modificación incluye un ajuste en la redacción que ahora equilibra la protección de la propiedad privada con la pública y la social, lo cual, según el gobierno capitalino, contribuye al bienestar social y al desarrollo sostenible de la ciudad.El artículo tercero original de la Constitución de la CDMX, promulgado durante la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), establecía que la Ciudad de México se regía por principios como el respeto a la propiedad privada y la igualdad sustantiva.
En su versión anterior, el artículo subrayaba un respeto general por la propiedad privada, pero no especificaba la relación con la propiedad pública y social de manera tan explícita.Con la nueva modificación, el artículo tercero de la Constitución local ahora afirma que la Ciudad de México asumirá el respeto a la propiedad “en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Este cambio ha suscitado preocupaciones entre diversos sectores que temen que la reforma pueda afectar los derechos de propiedad individual.
La Constitución federal, en su artículo 27, establece que la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares. Este artículo fue objeto de una reforma importante en 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que permitió a las leyes federales y locales determinar los casos en que la ocupación de propiedad privada pueda ser considerada de utilidad pública.El nuevo decreto de la CDMX pretende armonizar el marco legal local con esta disposición federal, buscando una protección equilibrada de todos los tipos de propiedad.
El Gobierno de la Ciudad de México asegura que esta medida no solo alinea la legislación local con la nacional, sino que también fortalece el compromiso con el desarrollo sostenible y la equidad social.Sin embargo, la modificación ha sido objeto de críticas que argumentan que el nuevo enfoque podría llevar a una mayor intervención en la propiedad privada. Los detractores temen que la reforma pueda ser utilizada para justificar expropiaciones o limitaciones a la propiedad privada bajo la premisa de utilidad pública.
