La mutilación genital femenina continúa registrándose en comunidades indígenas de Colombia, de acuerdo con reportes de autoridades sanitarias y organizaciones sociales. El fenómeno se presenta principalmente en zonas rurales y ha sido documentado en algunos pueblos originarios, donde la práctica se vincula a tradiciones culturales.
Instituciones de salud han señalado que esta práctica implica riesgos físicos inmediatos y consecuencias a largo plazo. Entre las afectaciones reportadas se encuentran infecciones, complicaciones durante el parto y secuelas psicológicas. El Instituto Nacional de Salud ha informado sobre casos atendidos en los últimos años, aunque reconoce que existe subregistro.
Organismos nacionales e internacionales han implementado programas de prevención y atención, enfocados en la educación comunitaria y el acompañamiento a las familias. Estas acciones buscan informar sobre los efectos en la salud y promover alternativas dentro de las comunidades.
Autoridades colombianas han indicado que la mutilación genital femenina está prohibida por la legislación vigente. Sin embargo, su erradicación enfrenta desafíos relacionados con el acceso a servicios de salud, la presencia institucional en territorios apartados y la persistencia de prácticas tradicionales.
Líderes indígenas, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales mantienen mesas de trabajo para abordar el tema. En estos espacios se discuten estrategias que respeten la autonomía cultural y, al mismo tiempo, garanticen la protección de niñas y adolescentes.
El tema permanece en la agenda pública como parte de los esfuerzos por reducir prácticas que afectan la salud y los derechos de la infancia en Colombia.
